Ecologistas en Acción y WWF han denunciado que el plan para la regulación de la población del lobo de Asturias, apoyado por Cantabria y Castilla y León, permite la eliminación de ejemplares en el Parque Nacional de los Picos de Europa durante todo el año, no solo por funcionarios sino también por cazadores autorizados.
Los dos grupos ecologistas, organizaciones integrantes del Consejo de la Red de Parques Naturales, han comunicado que el plan presentado hace pocas semanas por las administraciones gestoras en el Patronato del Parque Nacional de Picos de Europa para diezmar la población de lobos, es “totalmente contrario a los principios rectores de la Red de Parques Nacionales”.
Esta situación se produce justo cuando se cumple un siglo de la declaración del Parque Nacional de Picos de Europa, denuncian las organizaciones ecologistas. Y señalan que el Protocolo de Regulación de la Población del Lobo en el Parque Nacional de Picos de Europa, promovido por Asturias se ha realizado sin la “más mínima justificación científica o técnica”. Según los ecologistas, se basa únicamente en una presunta “enorme demanda social” no cuantificada.
Denuncian que el plan prevé incrementar la persecución del lobo hasta alcanzar unos niveles “tolerables” de ejemplares, aspecto que tampoco se cuantifica en el documento. Las dos organizaciones ecologistas manifiestan que el plan no se apoya en ningún dato técnico, ni informe oficial, ni aval alguno de la comunidad científica que justifique la decisión, y a espaldas a la sociedad. Solo toma en cuenta, al parecer, opiniones de determinados alcaldes y ganaderos, y descarta la “eficacia de las medidas de compensación y prevención” y responsabiliza al lobo del declive de la ganadería extensiva dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa.
Un plan impredecible
El plan contempla, además, según las organizaciones, que en caso de saturación de población de lobos dentro del Parque Nacional, podrían “exportarse” ejemplares a espacios colindantes causando un “nivel de daños impredecible”, lo que justificaría mantener a raya sus poblaciones dentro del espacio protegido.
Las propuestas del nuevo plan suponen continuar con la política de eliminación de camadas y el aumento de la caza de ejemplares adultos con armas de fuego hasta que se considere necesario, aseguran.
Además, recoge que en caso de producirse daños reiterados al ganado, el protocolo permite aparte de los “cupos de extracción” fijados cada año, matar ejemplares en cualquier época del año. Para ello, se autorizará no solo a los funcionarios del Parque Nacional, sino también a cazadores autorizados ajenos a este espacio natural.
EA y WWF denuncian además que la decisión sobre el cupo de lobos a matar o sobre la realización de los controles excepcionales, se pretende dejar en manos del Comité Técnico y de la Comisión de Gestión. Este Comité estaría formado por las tres regiones autonómicas firmantes, un representante de la Administración General del Estado -con voz pero sin voto- y un representante de los propios ayuntamientos del Parque Nacional.
Los ecologistas consideran un “grave incumplimiento, a sabiendas, de la legislación básica de Parques Nacionales”.
