El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha hecho pública su sentencia en relación a Doñana, en la que concluye que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario, en concreto, las Directivas Marco del Agua y Hábitats, por lo que ha condenado al estado español.
Esta sentencia histórica confirma las reiteradas denuncias que venimos efectuando desde hace décadas ante todo tipo de instituciones, alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua, la impunidad que impera en el entorno y la inacción y falta de medidas efectivas para evitarlo por parte de la Junta de Andalucía y el Estado Central.
Según la sentencia conocida hoy en Luxemburgo, resulta claro que las extracciones de agua están dañando de forma grave el Espacio Natural de Doñana y sus valores naturales. Asimismo, la sentencia también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua y manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido sobre todo al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales.
Un proceso de 10 años
Este proceso ha culminado con esta histórica sentencia que se inició hace diez años tras la queja presentada ante la Comisión Europea (CE) por WWF España, en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas. Todo ello, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, los ayuntamientos de la zona, la Junta de Andalucía y el gobierno central.
Durante más de diez años, se ha realizado un seguimiento exhaustivo y ha aportado a este proceso legal informes propios elaborados por expertos y organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos. Esto hizo que, finalmente, la CE el 24 de enero del 2019 decidiera llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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